Demandaron además la ingerencia al despacho penal común y la revisión de los criterios de los jueces para conocer los recursos de hábeas corpus.
Los profesionales del derecho denunciaron que cuando se trata de grandes intereses que involucran grandes cantidades de dinero los magistrados toman las decisiones, sin embargo, si se trata de personas pobres no actúan con la misma diligencia.
Explicaron que los peores casos ocurren con los jueces de instrucción, quienes, a su parecer, se han convertido en sellos gomígrafos del Ministerio Público en el conocimiento de medidas de coerción.
Los abogados agregaron que los jueces hacen una incorrecta valoración de las pruebas que son presentadas por el Ministerio Público en contra de acusados de cometer algún delito.
Respecto a las quejas de los juristas, la procuradora fiscal de esa jurisdicción, Yenni Berenice Reynoso, desmintió que esas denuncian sean ciertas, y explicó que lo que sucede es que los abogados pretenden ganar los casos en las oficinas sin “pelearlos” en los tribunales. VIDEO VER
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