Por Marcelo Peralta
El cierre “técnico” del canal de televisión local Cibao TV Club, de Santiago, dispuesto por el Instituto de las Telecomunicaciones (Indotel) por alegadas violaciones legales, es un exceso de poder, mal aplicación de ley y grave atentado al estado de derecho.
Para el periodista y abogado Carlos Manuel Estrella y Estrella, exjefe de dredacción del periódico La Información, que circula desde el día 16 de noviembre del año 1915, quienes conocen las interioridades del negocio televisivo en Santiago, origen del canal y su historia de más de 25 años, así como el perfil del propietario y director, se trata de una decisión política disfrazada de legalidad para acallar voces.
Para el objetivo político el fin se ha logrado, sin embargo, el método es inadecuado y puede convertirse en boomerang para el gobierno, por cuanto ha colocado en posición de víctima a un medio de comunicación, en el que hacen negocio y opinión cotidiana 17 productores de programas, lo que significa que hay un atentado a la libre expresión del pensamiento.
Cibao TV Club opera desde 1983, es de los primeros medios televisuales de Santiago y por sus instalaciones han desfilado veteranos y noveles, así como profesionales y “enganchados”, además de haber servido para democratizar el acceso de la gente pobre a la televisión por cable.
Es un contrasentido descubrir que ahora incumple aspectos técnicos, pese a que con la creación de Indotel, en 1998, se le reconocieron derechos adquiridos y su operación fue legalizada o regulada conforme la nueva ley.
Desde ese canal y en programas de un arcoiris político, se viertan críticas y, no es descubrimiento afirmarlo, en un espacio en específico se hacen acusaciones temerarias y se difunden opiniones que pueden tipificarse difamatorias e injuriosas hasta para la figura del presidente de la República.
La actuación oficial correcta debió obviar la vertiente técnica del canal, si cumple o no aspectos propios para operar como tal, sino el contenido de los mensajes difundidos que comprometen la responsabilidad de comentaristas o productores, y de los propios directores y propietarios, situación a dilucidar en los tribunales vía un sometimiento por difamación e injuria.
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